El establecimiento de un cupo para la reinserción laboral en el municipio capitalino del 1% para víctimas rescatadas de la trata de personas con fines de explotación sexual se convirtió ayer en realidad. Es que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el concejal Gonzalo Carrillo.

La Capital se convierte así en el primer municipio del país en generar una política pública de inclusión e igualación de derechos para las víctimas de uno de los flagelos más aberrantes del siglo XXI.

La sesión contó con la presencia del Director del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Gustavo Vera, quien brindó el apoyo y las herramientas para la concreción de la ordenanza.

“Esto es una conquista más para la ampliación de derechos” , señaló el concejal del bloque Lealtad Peronista y acotó que es “fruto del trabajo constante y silencioso para visibilizar una problemática que nos concierne a todos y todas y en la que cuesta hacerse cargo”. “A partir de ahora, aportamos un granito de arena, para que el Estado esté presente para garantizar derechos vulnerados y brindar la contención necesaria para que las víctimas puedan reinsertarse socialmente y evitar ser re victimizadas”.

Carrillo viene trabajando activamente en proyectos que generan políticas públicas efectivas, como fue el Proyecto del Cupo Laboral Trans, la adhesión municipal a la Ley Micaela.

“El trabajo articulado que venimos realizando junto al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata en la figura de Gustavo Vera y el Delegado Regional, Rodrigo Pérez; y también con la Secretaría de Participación Ciudadana a cargo de José Farhat, vio sus frutos, con la aprobación unánime de la Ordenanza por parte de todos los concejales”, expresó el edil peronista.

Durante la sesión todos los bloques expusieron su apoyo al proyecto y a la necesidad de evitar la revictimización de las personas liberadas de redes de trata y elogiaron el esfuerzo que viene haciendo el Comité Ejecutivo en todo el país en dirección a visibilizar esta problemática y convocar a municipios y gobiernos provinciales a aportar su grano de arena a la vez que se ejecuta el plan bienal que tiene como norte estratégico el acceso al trabajo, la vivienda, el acompañamiento terapéutico entre otras medidas tendientes a restituir derechos para las y los sobrevivientes de la explotación sexual o laboral.

A partir de la sanción de la ordenanza y su posterior promulgación, el departamento ejecutivo municipal cuenta con 90 días para la reglamentación y efectivización de la iniciativa aprobada. “Ojalá que este modelo, se replique a lo largo y lo ancho de la provincia y de todo el país, para que esta política pública no sea una cosa aislada y todas las víctimas rescatadas de la Trata puedan dignificarse con trabajo, acceso a la salud y la vivienda”, destacó.

También se firmó un convenio de colaboración y cooperación entre el Concejo Deliberante, representado por su presidente, Fernando Juri, y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, a través de Vera.

De esta manera, se capacitará y articulará la promoción y difusión de la Línea 145, además de distintas acciones que permitan visibilizar la problemática.